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Ecovalor, apuesta por el entorno y la economía

Imágen: Periódico Ahora!

Con una duración de seis años, Ecovalor, un proyecto de cooperación internacional, beneficia a cinco provincias cubanas

Una apuesta por el medioambiente en Cuba es el proyecto Incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas en los paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba (Ecovalor) que, con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, implementa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

“Es un proyecto que busca generar beneficios ambientales, con la identificación e implementación de mecanismos económicos y financieros, que tomen en cuenta los servicios ecosistémicos y sus implicaciones económicas”, señala Juliett González Méndez, su coordinadora.

Esta iniciativa, dijo, tiene intervenciones en cinco provincias cubanas,  Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Las Tunas y Holguín y 30 municipios costeros, excepto en Matanzas, donde se trabaja en la totalidad de la provincia. “Tiene varios niveles de trabajo, desde el nacional,  el provincial,  tomando Matanzas como provincia entera y desde el municipal, con los municipios costeros”.

Además, destacó, incorpora acciones en varios sectores productivos, más allá de la conservación de las áreas protegidas, entre ellos, el de los hidrocarburos,  pesquero,  agroforestal y el turismo. 

A su vez, involucra a otras instituciones y organismos, entre ellos, los ministerios de Finanzas y Precios;  Economía y Planificación, Banco Central, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la academia y centros de investigaciones, incluidas las marinas, pesqueras, de suelos y el Acuario Nacional de Cuba.

El proyecto busca establecer buenas prácticas productivas a partir de la valoración económica de los servicios ecosistémicos en cada uno de esos sectores. Ese término, aclaró la coordinadora, se refiere a aquellos servicios que brinda la naturaleza y que son útiles a los seres humanos, por ejemplo, la polinización y dividen en varias categorías: de provisión de alimentos,  de regulación; de soporte, por ser hábitat de especies y el cultural, aquellos recreativos o de tradiciones.

De acuerdo con González Méndez, Ecovalor trabaja tanto a nivel de políticas, incorporando estos conceptos en las políticas de cada uno de estos sectores para que tengan una base legal; se están estableciendo o actualizando metodologías que tienen en cuenta estos elementos y se está trabajando en identificar y a e implementar en algunos sectores buenas prácticas productivas, tratando de generar beneficios ambientales, a partir de la identificación e implementación de estos mecanismos y económicos y financieros.

Iniciado  en 2018 y con una duración de seis años, ha tenido un fuerte trabajo de capacitación, al principio para nivelar estos conceptos y esos temas incipientes en Cuba, así como una campaña de visibilidad, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, resaltó.

Sobre los resultados, indicó que además de la capacitación realizada durante el primer año, más allá de las áreas protegidas, se ha logrado insertar en el marco legal de muchos sectores la valoración económica de los servicios ecosistémicos, entre ellos, en la Ley del Sistema de Recursos Naturales y de Medio Ambiente.

En el agrícola,  puso como ejemplo, se logró posicionarlos en  políticas, leyes y resoluciones, aprobadas en 2021. “Si estos temas no están en el marco legal, luego es muy difícil lograr avances, ya sea en el sector productivos como en las áreas protegidas”, consideró.

Ya en términos prácticos, ejemplificó, en el norte Villa Clara, donde casi toda la superficie marina está protegida y donde se realizan actividades económicas como la pesca, resulta difícil lograr un equilibrio de la explotación con la conservación.

Ante ello, Ecovalor propició la instalación de granjas para el cultivo de ostiones, cerca de los manglares, de manera que las larvas encuentren un lugar donde adherirse y estos se cosechen desde los tendales y no de las raíces desde el manglar. “Se está logrando una práctica productiva sostenible dentro de las áreas protegidas”, apuntó.

Según dijo el especialista Rolando Fernández de Arcila, desde la creación del Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba se elaboraron muchos proyectos internacionales, sobre todo con organizaciones no gubernamentales como WWF y el GEF/PNUD, que garantizan parte de la moneda que permite  adquirir equipamiento e infraestructura para asegurar el trabajo en las áreas protegidas.

Fernández de Arcila anunció la preparación de un proyecto de resiliencia en  comunidades costeras de Cuba, con parte del financiamiento proveniente del Fondo Caribeño de Biodiversidad. Previsto para tres años, tendría intervenciones en la Ciénaga de Zapata; archipiélago de los  Colorados, al norte de Pinar del Río;  Laguna de Maya, en Matanzas; y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en Guantánamo.

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